La infancia no puede esperar
- Marta
- 28 dic 2025
- 6 min de lectura
Andalucía vuelve a pedir familias de acogida ante la saturación de los centros de protección de menores. Este llamamiento, que se ha lanzado recientemente en Sevilla y lo ha recogido El Correo de Andalucía, se repite cada año y suele intensificarse en determinados momentos del calendario, sobretodo cuando los recursos residenciales alcanzan su límite.
Pero ese llamamiento deja fuera una parte esencial del problema. La falta de familias es solo la cara más visible de una realidad muchísimo más compleja y estructural. La vida dentro de los centros, la presencia de menores muy pequeños en recursos residenciales, la salida abrupta del sistema al cumplir los 18 años y el desgaste de quienes intentan acoger y acaban abandonando el proceso forman parte de una misma historia en la que no se entiende solo con campañas o comunicados oficiales, sino escuchando a quienes sostienen el sistema desde dentro.
Según el último Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia, en Andalucía 5.860 menores están actualmente tutelados por la administración autonómica. De ellos, casi la mitad vive en centros residenciales. Entre estos menores hay hasta 107 niños de entre 0 y 6 años, una cifra que sigue situando a Andalucía, junto a Cataluña, entre las comunidades con más infancia temprana institucionalizada. En 2022, el Gobierno central y las comunidades autónomas se comprometieron a que en 2025 ningún menor de esa edad residiría en centros. El objetivo era claro reducir esa cifra a cero. A día de hoy, la promesa no se está cumpliendo.
Mariví: «Aquí no falla la solidaridad, aquí falla el sistema»
Mariví Barbero conoce bien lo que esconden esos números. Ella es madre de acogida desde hace más de diez años y presidenta de la asociación Abrázame, en Sevilla. Por su casa han pasado una docena de niños, y ella habla con la seguridad de quien ha vivido el sistema desde dentro y con el cansancio de quien ha tenido que pelear cada avance.
Todo empezó cuando, una vez que sus hijos se marcharon a estudiar fuera, ella y su marido decidieron «hacer algo por la infancia». Gracias a una propaganda que vieron en redes sociales les hizo abrir la puerta al acogimiento, aunque no sabía que el proceso sería largo y duro.
“Una vez que te metes, te informas y ya te enganchas”
En su casa guarda una carpeta llena de resoluciones administrativas. Son idoneidades, documentos que determinan si una familia puede o no acoger. Algunas de ellas llegaron después de presentar quejas o de cuestionar decisiones que, según ella, perjudicaban directamente a los menores que tenía en acogida.
«Cuando protestas, te castigan, pero no me castigan a mí, castigan al niño, que se queda en el centro»
Durante el tiempo que una familia pierde la idoneidad, no se le asigna ningún menor. Para Mariví, este mecanismo acaba funcionando como una herramienta de presión que desincentiva a las familias más comprometidas: «Aquí parece que tienes que demostrar continuamente que eres válida, y mientras tanto, el niño espera».
Su crítica va más allá de la burocracia y apunta al marco legal que regula el sistema de protección. «Las leyes son antiguas, protegen más a los padres que a los niños. Un padre puede reclamar a su hijo hasta dos años después de que haya sido entregado a una familia adoptiva, ¿qué estabilidad puede tener un menor así?»
En ese tiempo, explica, los niños encadenan recursos, crean vínculos y los pierden, vuelven a empezar una y otra vez. No es una excepción. «Romper un vínculo también es una forma de daño, y ese daño, no siempre se tiene en cuenta cuando se toman decisiones administrativas». En ese periodo, explica, los menores encadenan recursos, crean vínculos y los pierden. La estabilidad emocional queda en suspenso.
Cuando no hay familias, hay centros
Verónica Sevillano conoce bien esa realidad, ella es educadora social y ha trabajado en centros de protección de menores tutelados por la Junta de Andalucía. Su experiencia permite asomarse a un día a día poco visible.
«Hay educadores que empiezan a trabajar sin conocer a los niños ni la dinámica del centro»
Los centros cubren necesidades básicas, pero las ratios y la rotación del personal hacen imposible ofrecer estabilidad emocional. La atención psicológica, es claramente insuficiente: «Los psicólogos suelen trabajar por la mañana, cuando los niños están en el colegio. Los traumas no se trabajan. Y esos traumas aparecen más tarde».
«A veces te quedas sola con ocho menores durante toda la noche.»
Verónica ha visto llegar bebés, niños pequeños y adolescentes con historias de abandono, violencia o problemas graves de salud mental. Algunos han pasado toda su infancia institucionalizados.
«Hay niños que entraron con cuatro o cinco años y ahora tienen diecisiete. Han crecido aquí.»
Aunque la normativa andaluza y las recomendaciones europeas insisten en que los menores de seis años no deberían vivir en centros, la realidad es otra. En Andalucía siguen llegando bebés a recursos residenciales, en ocasiones acompañados por madres adolescentes que también están tuteladas. «Un centro puede cubrir necesidades básicas, pero no puede dar exclusividad emocional. Y eso, en la infancia, es clave», explica.
El problema no termina cuando los menores abandonan los centros. Para muchos, el momento más crítico llega con la mayoría de edad. El día que cumplen 18 años deben marcharse, aunque el centro haya sido su único hogar.
«No saben gestionar la libertad porque nunca la han tenido»
Pasan de una supervisión constante a estar solos, sin red, sin referentes estables. Muchos no terminan la ESO, tienen dificultades para acceder a estudios postobligatorios y acaban en empleos precarios o directamente fuera del sistema. Los pisos de autonomía son escasos y temporales. «Ese día no se van solo de un centro», resume Mariví. «Se van sin nadie a quien llamar cuando algo va mal».
Infancia institucionalizada, crecer sin exclusividad emocional
Cristina Vega trabaja desde la asociación Crecer con Futuro con familias colaboradoras y de acogida. Su labor se centra en captar, formar y acompañar a quienes quieren ofrecer un hogar. Su diagnóstico es claro, no faltan personas solidarias, falta apoyo real. «No buscamos familias perfectas», explica.
«Buscamos estabilidad emocional, familias que no solo quieran rellenar vacíos»
Muchos menores, señala, rechazan salir del centro por conflictos de lealtad, no quieren dejar atrás a hermanos o a una madre ausente a la que siguen queriendo. El proceso es delicado y exige tiempo, acompañamiento profesional y una red que sostenga tanto al menor como a la familia.
Cuando el acogimiento funciona, los cambios son evidentes. «Los niños mejoran físicamente en pocas semanas: en el colegio, en su autoestima...es muy visible», explica Cristina. Sin embargo, también habla del miedo y del desgaste.
Muchas familias inician el proceso con ilusión y lo abandonan cuando aparecen las dificultades. «Quieren ayudar, pero tienen miedo de quedarse solas cuando llegan los problemas». Ese miedo no es infundado. El acompañamiento es limitado y los recursos, escasos. Cuando surgen crisis emocionales o conductas complejas, no siempre hay respuesta inmediata. «Si no sostienes a la familia, la pierdes, y cuando una familia se quema, es muy difícil que vuelva», advierte.
Más allá de lo humano, hay un problema estructural que atraviesa todo el sistema: la financiación. Cristina señala uno de los puntos más críticos. «Hace un año alimentar a un niño costaba 11,25 euros al día. Ahora cuesta 8,25 euros, y todo está más caro». Las licitaciones a la baja permiten que empresas sin experiencia en infancia gestionen recursos de protección. El resultado es menos personal, peores condiciones laborales y una atención cada vez más limitada. «Esto no va de encontrar gente buena, insiste, esto va de política pública».
Más allá del llamamiento
La llamada institucional para encontrar familias es necesaria ante la saturación de los centros, pero resulta insuficiente si no va acompañada de un sistema que cuide a quienes acogen y a quienes crecen dentro de él.
La Ley 4/2021 de Infancia y Adolescencia en Andalucía, aprobada hace cuatro años, sigue sin desarrollarse plenamente. Las campañas para animar a acoger visibilizan el problema, pero no lo resuelven si no hay respaldo, coordinación entre instituciones y una apuesta sostenida en el tiempo.
«No se trata solo de pedir familias, se trata de cuidarlas»
Ejemplos como el del Gobierno Vasco o el caso reciente de Cantabria, que ha logrado que ningún menor de seis años viva en centros, demuestran que otro modelo es posible. El problema no es la falta de ideas, sino de voluntad política para ponerlas en marcha.
“Esto no va de caridad. Va de derechos. Y un niño no puede esperar.”
Hoy, el sistema de protección en Andalucía sigue funcionando gracias a la implicación de unas pocas familias y profesionales que sostienen una red frágil. Y en esa fragilidad, quienes más pierden son los niños y niñas, para quienes el tiempo no es un trámite administrativo, sino una parte irrecuperable de su vida.
